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ENDER MARCANO
Las esperanzas tanto de empresarios como personas naturales de recibir divisas, de manera lícita y barata, con las emisiones del Estado se esfumaron nuevamente. Ayer el anuncio de los resultados de la emisión de los bonos 2026 dejó clara la intención del Gobierno de privilegiar sólo los sectores de alimentos y salud, categoría 1, por medio de las adjudicaciones de papeles públicos.
Mientras que el ciudadano común y las empresas de la denominada categoría 2 quedan relegados a la lotería del Sitme. Aunque el monto mínimo para cada orden de compra era de 3.000 dólares, el Ministerio de Planificación y Finanzas informó que para las personas naturales y las empresas de la categoría 2, es decir que no pertenezcan a salud y alimentos, se adjudicó el 50% de la orden (1.500 dólares), en el caso de aquella que solicitaron 3.000 dólares. Los que se aventuraron a solicitar más de dicho monto quedaron sin nada.
En el caso de las empresas de la categoría 1, los pedidos entre 3.000 dólares y 1.470.000 dólares se otorgaron en su totalidad. Las órdenes por encima de esta cantidad no fueron beneficiadas. Por su parte, las entidades financieras del sector público fueron adjudicadas con el 100% de su solicitud; y las entidades del sector asegurador estatal el 81,5% de su postura.
Estos criterios de adjudicación son muy similares a los ocurridos en la anterior emisión de la República, con la diferencia de que se otorgaron menos papeles para las personas naturales y empresas de la categoría 2. En todo caso, el beneficiado con las adjudicaciones es nuevamente el propio Estado, pues sus instituciones financieras recibieron el 100% de su solicitud.
Según comentó el director de la firma Econométrica, Henkel García, el objetivo que se busca con esta emisión es alimentar el Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) con los papeles adjudicados al sistema financiero público. "El Sitme necesita alimentarse constantemente. Eso no implica que vaya a haber un aumento en las autorizaciones por parte de este sistema", comentó el analista financiero.
Con la emisión pasada, de principios de agosto, se pensó que el monto diario transado a través del Sitme aumentaría significativamente. Sin embargo, antes de dicha fecha el promedio anual autorizado era de 34 millones de dólares diarios, y después ha subido a 36 millones de dólares.
MAYOR CONTROL
García explicó que una de las ventajas que tiene el Gobierno destinando sus papeles al Sitme es que evita la fuga de capitales, pues las empresas que reciben papeles en el sistema deben comprometerse con el BCV a emplear los mismos para importaciones. Mientras que el caso de las emisiones, al momento de canjear los títulos por divisas las compañías son libres de utilizarlo como deseen.
La restricción de divisas lleva al Estado a restringir su oferta a las empresas que no considera prioritarias, y las limita al Sitme donde pueden ser beneficiadas un mes, como puede que no lo sean.
La entrega de 1.500 dólares a una empresa es insignificante. "Un cliente me dijo que esos 1.500 dólares ni siquiera le alcanzan para el precinto del container", contó García.
ESCASEZ DE TERMÓMETRO
El indicador de escasez de bienes elaborado por el BCV se encuentra hoy en 14%, cifra más alta desde comienzos del 2010, pero muy lejos del 24,7% alcanzado en diciembre del 2007 cuando el Gobierno salió derrotado en las elecciones para la reforma constitucional.
El director de Econométrica estima que este es un factor que el oficialismo evalúa constantemente para determinar la adjudicación de divisas. Es decir, en cuanto el índice se mantenga a raya podría seguir manteniendo este esquema en la asignación de divisas. "Al Gobierno le importa que lo prioritario esté en los anaqueles", dijo García vía telefónica. No obstante, sostiene que la poca disponibilidad de dólares y el alza en la escasez llevará pronto a preguntarse si es preferible "un dólar barato pero escaso, o uno alto pero oportuno".
Por otra parte, el economista Jesús Casique indicó que no tiene sentido realizar emisiones bajo este esquema en las que sólo se beneficia a un sector. "Es preferible que se hagan adjudicaciones directas, y así no se discrimina de esta forma a las personas naturales", comentó el también profesor universitario.
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