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El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, exclamó "¡Eso es una locura!", al referirse al el bono alimentación de 10.000 bolívares que se asignaron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Afirmó que la Asamblea investigará el caso y dijo estar interesado en la denuncia que ayer formalizó el diputado Juan Carlos Caldera, ante el Consejo Moral Republicano quien solicitó que el acuerdo de las autoridades del TSJ sea calificado de falta grave y se aplique el artículo 11 de la Ley del Poder Ciudadano, en caso de que se presuma que la actuación de los jueces atenten, amenacen, o lesionen la ética pública y la moral administrativa establecida y cuando adopten decisiones que atenten o lesionen los intereses de la nación.
Este sería el inicio del procedimiento que conduciría a que la AN pueda destituir a los magistrados que incurrieron en la falta grave, según Caldera: "Estamos pidiendo la calificación que conlleve la destitución de los magistrados que recibieron este beneficio. Conocemos que hay alrededor de cinco magistrados que rechazaron esta tarjeta alegando la ilegalidad del monto de este beneficio, porque viola la Ley de Emolumentos y devolvieron este cesta ticket".
Juan Carlos Caldera, estuvo acompañado del coordinador de Primero Justicia, Julio Borges, al presentar la solicitud de apertura del proceso a los magistrados, en el cual asegura que a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, le corresponde, como presidenta del Poder Moral, atender las diligencias que conduzcan a sancionar a los autores de la falta, quienes se "embucharon" cesta ticket de 10 mil bolívares, en violación flagrante de la Ley de Emolumentos, aprobada por la Asamblea Nacional saliente.
Por su parte el coordinador de la Comisión de Lucha Social de la Mesa de la Unidad, Enrique Ochoa Antich, anunció que acudirá al Poder Moral para proponer una investigación por faltas graves al artículo 265 de la Constitución de la República contra los magistrados que hayan aceptado ese bono.
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