La ruina económica

Ley de Costos y Precios Justos ocasionará una mayor caída de la producción de bienes y servicios lo cual agravará la escasez y la inflación. La ley no podrá controlar los precios y se coonvertirá en fuente de más ineficacia y corrupción. El modelo de controles de la propiedad fracasó en todos los países comunistas que lo aplicaron

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Por: Isaac Mencía

Mientras el gobierno de Hugo Chávez ha venido haciendo importaciones masivas de alimentos, insumos y bienes terminados de países como Argentina, Brasil, China y hasta de la pobre y atrasada Nicaragua, sin exigir a los productores respectivos información sobre sus estructuras de costos para determinar hasta dónde el gobierno es víctima de supuestas prácticas especulativas en los precios fijados por esos empresarios, a los productores venezolanos, particularmente de alimentos, se les ha venido sometiendo a todo tipo de controles que ahora serán extendidos a todos los sectores de la economía según el reciente Decreto Ley de Costos y Precios Justos anunciado el día jueves 14 de julio de 2011, por el presidente Chávez.

Este hecho constituye una odiosa e inaceptable política de discriminación y exclusión en contra de ciudadanos venezolanos a quienes se les viola el derecho a la propiedad y la libertad económica consagrada en la Constitución Nacional.

Desde el año 2003 el gobierno decidió aplicar una política de control de los principales precios de la economía (precios de un grupo de alimentos, servicios públicos, dólar, tasas de interés, sueldos y salarios en el sector público) y el resultado ha sido el más absoluto fracaso en reducir la inflación al punto que Venezuela se ha convertido en el país de mayor alza de precios en el continente americano a lo que se suma la escasez de productos y desaparición de marcas preferidas por los consumidores; el aumento de las importaciones con la consiguiente creación de empleos en otros países; y la creación de un clima hostil en contra de la inversión privada nacional y extranjera desincentivando la ampliación y creación de nuevas empresas.

FRACASO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Esto lo sabe Chávez, todos sus ministros del área económica y el Directorio del BCV. De donde sale el argumento oficial según el cual la Ley de Costos y Precios Justos servirá para “luchar contra la injusticia del capitalismo” y contra “los sectores que monopolizan la producción, que acaparan, esconden productos, inflan precios y costos y se llevan una gran tajada, producto de un gran saqueo” (El Universal, 15/julio/2011) y que pone en evidencia que el objetivo de dicha Ley no es abatir la inflación sino avanzar en el proceso de aniquilación de la propiedad privada sobre los medios de producción y concentrar aún más el poder económico en manos del régimen personalista que lidera Chávez.

El falaz argumento de que la especulación es la causa de la inflación y que ésta se combate con controles es tan sólo un pretexto que busca esconder el fracaso de la política económica del gobierno y justificar la estatización de la economía.

La citada Ley tiene pues, una clara motivación política y ha sido pensada no en función del interés colectivo sino al servicio de quienes detentan actualmente el poder.

El razonamiento político de fondo es que si el gobierno controla los costos y precios de las empresas puede controlar las ganancias lo que le daría un poder absoluto para decidir qué empresas pasan a manos del gobierno y en qué momento.

Este modelo de control de la propiedad y de la producción fracasó en todos los países comunistas que lo aplicaron. Aparte de la imposibilidad de controlar de manera efectiva los miles y millones de precios que existen en la economía se convertirá en una fuente más de ineficiencia y corrupción al poner en manos de un ejército de burócratas la supervisión de los costos de las empresas y la autorización de los precios a los cuales deben vender los bienes producidos.

MÁS POBREZA

De ejecutarse esta Ley las consecuencias serán muy nefastas para la economía. Ocasionará una mayor caída de la producción de bienes y servicios lo cual agravará la escasez y la inflación, llevará a la quiebra a un sin número de empresas pues serán funcionaros del gobierno quienes fijarán el nivel de ganancia de las mismas sin que ello obedezca a criterios económicos determinados por el mercado, hará al país más dependiente de las importaciones, se destruirán puestos de trabajo; en fin, la Ley de Costos y Precios es un paso más hacia la ruina de la economía y el costo inevitable será mayor pobreza.

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