En las cárceles de Venezuela, calificadas como las más peligrosas de Latinoamérica, por encima de las de México, Colombia y Brasil, no hay espacio para más delincuentes. Hay más probabilidades de salir muerto que en libertad. 44.520 reos ocupan 34 penales construidos con capacidad para 14.500. La probable liberación de 20 mil reclusos, mantienen a la población venezolana “presa” de los nervios.
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GERARDO MORÓN.-
Martes 16 Agosto 2011
A Venezuela se le considera el país con mayor hacinamiento carcelario de toda América, donde apenas el 28% de la población tiene sentencia firme. El resto, esta procesada. La circular que prohibía ingresar más presos en las cárceles, emitido por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y que de cierto modo limitó la actuación policial, duró apenas una semana y además de escándalo, tuvo su impacto negativo.
Para Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, la orden de Varela era un “autentico disparate y pésimo mensaje para la sociedad, las víctimas, la Policía, la justicia y hasta para los delincuentes, quienes gozarían de impunidad absoluta para delinquir”. En Caracas, por ejemplo, se registró la cifra más alta del año de homicidios, 59 casos, durante el pasado fin de semana. Los 15 asesinatos en el estado Lara mientras estuvo vigente la circular, fue una de las más altas cifras del año en esta región.
Con la circular, estaba cantado que el problema de hacinamiento migraría a los retenes policiales. Una semana más y los calabozos de la Comandancia, en el caso de Lara, colapsarían. Estas instalaciones, con capacidad para 100 arrestos temporales, tienen más de 270 detenidos. Semanalmente la Policía detiene entre 90 y 100 delincuentes, de los cuales, al menos la mitad termina recluida en la cárcel de Uribana, que alberga 2.921 reos.
Para el coronel Teodoro Campos, secretario General de Gobierno del estado Lara, el que haya sido revocada la prohibición de no recluir más presos en la cárcel, merece un aplauso, pero no es motivo de celebración. Considera el ex comandante de la Polilara, que es necesario adecuar el sistema de justicia para la celeridad procesal y que, los privados de libertad sean recluidos por separado de acuerdo a los delitos cometidos y grado de peligrosidad.
La orden de Varela había encomendado en sí, una tarea imposible para los organismos de seguridad, a decir porque, debían dar prioridad a los arresto de incursos en delitos con penas superiores a 10 años de prisión como homicidio, secuestro, extorsión, los que siempre quedan impunes, incluso el robo agravado, según datos policiales.
Si bien el decreto ya es historia, las alarmas de la sociedad siguen encendidas ante otra controversial y futura medida de la ministra “fosforito” Varela para acabar con el hacinamiento de la noche a la mañana.
Como sucediera a partir del 14 de octubre de 1997 cuando se derogó la Ley de Vagos y Maleantes, que miles de reclusos, considerados vagos, azotes y maleantes volvieran a las calles en libertad plena, podría ocurrir en los próximos días. “De 50 mil presos del país, 20 mil deben estar fuera de la cárcel. Merecen y es justo que estén afuera, tienen todas las condiciones legales. Hay personas que no comportan peligro para la sociedad, como las que hurtan sin violencia” considera Iris Varela, ministra de Servicio Penitenciario, que tiene en mente la libertad del 40% de reclusos.
Para el general de brigada retirado, Marcial Rojas Agüero, ex comandante de tres policías del país, entre ellas la de Lara, el anuncio de liberar 20 mil reos, es una medida “perversa e inconstitucional, un arbitrio”, una especie de orden a los delincuentes de: Salga, tienen patio para delinquir”. Opina que la ministra, con la circular, sobrepasó sus límites políticos, violando la norma constitucional, esto porque, tal función, no es competencia suya, sino de los jueces de control.
Rojas Agüero resume que el nombramiento de Iris Varela como ministra para atender un asunto tan delicado como el carcelario “fue improvisado” y es una falsa creencia de pretender que ella, con las referencias personales que tiene, va a revertir la situación. Es necesario, dice, que al tema se avoquen las personas más especializadas, con conocimiento del tema para estructurar de inmediato, un plan eficaz y eficiente”.
En los 11 años de este Gobierno se han registrado 6.030 muertos en los penales y 12.036 heridos, para un total de 16.069 hechos de sangre, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Condenados y procesados viven bajo el mismo clima de violencia, una deficiencia del sistema judicial que los considera a todos iguales al ponerlos en la misma celda. El que nunca ha delinquido y ha sido arrestado injustamente, termina aprendiendo hábitos delictivos porque el mismo ambiente obliga a que sea así.
De 10 cárceles que prometió el Gobierno nada más ha construido una, la de Coro. El 14 de agosto del año 2006, el entonces Viceministro de Interior y Justicia, Yuri Pimentel, anunciaba que Lara tendría un nuevo centro penitenciario, basado en un modelo español con espacios adecuados para la educación y trabajo productivo, que tendría que ver con la reinserción social. El costo, entre 70 y 80 millones de dólares. La obra avanza ‘a paso de tortuga’.
El otro problema
La libertad de 20 mil reclusos, además de infundir cierto temor en la sociedad, trae consigo otros problemas. Se trata de 20 mil desempleados con un currículo ‘penitenciario’ que les cerrara muchas puertas. Hay quienes estiman, que a la mayoría no les quedara otra cosa, que seguir delinquiendo. En Venezuela, se estima que de cada 100 reclusos, solo 3 o 4% logra a reinsertarse en la sociedad. Otra realidad es que, buena parte de las víctimas de homicidio, o son ex presidiarios o registran antecedentes.
En el estado Lara por ejemplo, en el año 2009, de 726 víctimas de homicidios, 248, el equivalente al 34,25% registraba antecedentes delictivos o estuvieron recluidos en alguna cárcel. En el año 2010, de 762 homicidios, 294 registraban antecedentes o pisaron la cárcel o un calabozo policial, el 38,58% estaba en la misma situación.
Aún no se ha establecido si los 20 mil reclusos a los que hizo referencia Varela, saldrán en libertad plena, o bajo medida de presentación o bajo arresto domiciliario. No se ha definido bajo qué parámetros se elegirá a ese 40% de reos. Pero en todo caso, los cuerpos policiales se verán disminuidos en cuanto a recurso humano para desarrollar operativos en caliente, eso debido a que el policía deberá estar atento y hacerle seguimiento constante al reo domiciliario. En Lara, la Policía supervisa un poco más de 500 arrestos domiciliarios.
Pero mientras unos consideran que el remedio -soltar a 20 mil reos- resultará peor que la enfermedad, otros apuestan a la iniciativa de Varela, porque cuenta con la asesoría del criminólogo Elio Gómez Grillo, considerado el padre de penitenciarismo en Venezuela, quien ha recorrido y conoce la realidad de las cárceles de cuatro continentes.
No deja de tener razón Varela cuando, sostiene que hay personas que no comportan peligro para la sociedad, como por ejemplo, Dayasenis del Carmen Goyo y Yasmira Estrella Colmenares, una estudiante de ingeniería, en la UCLA y la otra, profesora en Villa Nueva, hoy en prisión porque en un allanamiento en El Tocuyo, agentes de la Policía de Lara, no encontraron al distribuidor de drogas que buscaban y detuvieron a estas dos profesionales que tuvieron la mala fortuna de estar a la hora y momento equivocado. Casos como estos, de inocentes encarcelados, o en el peor de los casos “sembrados” se repiten, poniendo al desnudo las graves fallas en un sistema judicial que no se esmera en enjuiciar a los verdaderos culpables, haciéndose muchas veces cómplices de la práctica parapolicial de “sembrar” a determinada persona, bien porque le cayó mal o porque no pagó alguna extorsión.
¿Plan desarme?
Hasta ahora, no se han anunciado planes para desarmar a la población penitenciaria. En Venezuela se estima que, 90 mil armas están en poder de reclusos. “La realidad de las cárceles de nuestro país es que el Estado venezolano ha entregado su control a grupos armados” sostiene Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. “Lo de las armas en poder de presos, son única, y exclusivamente, responsabilidad del Estado” dice Carlos Nieto Palma de la ONG ‘Una Ventana por la Libertad’ de la región capital. Por ahora, lo que debería ser una política penitenciaria de clasificar, desarmar y orientar, no se esta cumpliendo.
Una de las alternativas que, Eligio Gómez Grillo estima, es que, los gobernadores de cada estado del país, administren las cárceles de su región, en lo que sería una “rivalidad noble” con el resto de gobernantes. Adicional, Grillo propone sacar a la Guardia Nacional de las cárceles y colocar una custodia civil. Según las Naciones Unidad, la regla sugiere un custodio por cada 10 reclusos, pero la realidad en Venezuela es otra. Hay uno por cada 120 reclusos. Hasta ahora se ha hablado de todo, menos de algún plan desarme en los penales. “No es posible que en una misma celda esté un homicida, con alguien que cometió un delito menor” expresó el comisionado Luis Fernández, director de la Policía Nacional. El 20 de junio de 1999, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en su programa “Aló Presidente” Nº 4, indicó que “las cárceles son las puertas del quinto infierno”. Quizás por eso Elio Gómez Grillo sostiene que, “la población de mayor marginalidad y exclusión es la penitenciaria”.
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