http://www.lapatilla.com
mayo 10, 2011
Las dos últimas semanas fuimos testigos de una violencia desproporcionada por parte de la policía del estado Barinas en contra de la manifestación que de forma pacífica se llevaba a cabo en los tribunales de la entidad exigiendo el respeto a los derechos humanos del Gral. (Ej) Delfín Gómez Parra, preso político del régimen. Dicha represión suficientemente reseñada en la prensa, terminó con varios heridos e imputados, mujeres golpeadas, rostros sangrientos, y graves heridas de perdigones.
Tenemos que preguntarnos hacia dónde va el gobierno nacional cuando permite que policías envalentonados agredan brutalmente a civiles desarmados que protestan por sus derechos. ¿Ya es política de estado, arremeter contra quienes claman por justicia, por seguridad, por salud, por mejoras en el sistema educativo, por agua, por luz o por el alto costo de la vida?
Sabemos que en un estado de derecho las manifestaciones pacíficas son protegidas por las fuerzas policiales. Dichas manifestaciones son la materialización del ejercicio ciudadano de exigir el respeto de los derechos vulnerados, exigencia que es un deber. Esto no es “el deber ser” en nuestro país. Ahora todo tipo de protesta se ha convertido en un problema para este gobierno, que trata de acallarla para ocultar lo que está a la vista de todos -años de ineficiencia, corrupción y discriminación- deshaciéndose en excusas, inventando misiones y programas nuevos que no llegan a nada, queriendo transformar a los ciudadanos en súbditos para poderlos manejar a su antojo.
Los que protestan, los que denuncian y los que defienden sus derechos constitucionales en regímenes no democráticos son un estorbo que deben ser tratados con irrespeto, y quienes se atrevan a disentir y a expresarse libremente en contra de las políticas gubernamentales, son considerados factores de desestabilización y por lo tanto enemigos y traidores.
Es por esto que debemos preguntarnos si estamos ante un recrudecimiento de la represión policial contra quienes manifiestan abiertamente en contra de la política gubernamental, para amedrentar y acallar verdades con violencia y miedo que terminan en imputaciones, cárcel o exilio. Pero también pudiéramos estar ante el crecimiento de monstruos individuales que actúan paralelamente con total libertad, para ganar favores, aplausos y hasta medallas del jefe supremo. ¿O es que se permite este tipo de conducta para luego usarlos como punta de lanza en situaciones particulares y específicas, y luego desautorizarlos públicamente para tirarlos a la basura, tratando de convencer a los incautos que el estado si rectifica y si castiga al funcionario infractor?
Es difícil determinar en el caso particular de los sucesos de Barinas, donde se ubica la actuación del director de la policía y de algunos de sus funcionarios que con saña y maldad agredieron a jóvenes desarmados que exigían respeto por los derechos humanos de un venezolano.
También es importante que reflexionemos sobre el papel de personas que ocupan cargos que se supone defienden a los ciudadanos y que son pagados con el dinero de todos nosotros. Me pregunto, ciudadana defensora del pueblo , ¿si una carga de perdigones a quemarropa, si golpes propinados directamente en la cara de un muchacho mientras varios funcionarios lo inmovilizaban, o si golpearle la cabeza contra un vehículo, no es un abuso del poder policial y un acto de cobardía que merece ser investigado? Los culpables deben ser puestos a la orden de la justicia, no sin antes retirarlos de sus cargos por violentos e irrespetuosos de lo que es la carrera policial, por demás digna y sacrificada. El Ministerio Público está en la obligación de investigar la agresión física cometida contra Lorent Saleh
Lo que estamos viviendo entonces es la inversión de los valores. Los que agreden y reprimen a quienes defienden derechos humanos universales, son al parecer, el débil jurídico. Los funcionarios policiales, armados y protegidos con equipos especiales, son supuestamente agredidos y lesionados por muchachos sin armas, que utilizan sus manos y pies, así como la palabra, para defenderse ante tanto abuso y represión. Y los jóvenes y la sociedad civil que manifiesta pacíficamente por sus derechos, son para el gobierno los violentos, los desestabilizadores y los inadaptados que quieren alborotar o “alterar el orden público” y que agreden a los “pobres funcionarios” que tan correctamente cumplen con su deber. ¿Estamos presenciando el recrudecimiento del estado represivo, con el riesgo de una reacción social de consecuencias impredecibles?
http://www.lapatilla.com/site/2011/05/10/tamara-suju-roa-la-protesta-pacifica-y-el-abuso-de-la-fuerza-policial/
No hay comentarios:
Publicar un comentario