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Por Gary Becker | 9 de Mayo, 2011
Los precios de los alimentos están subiendo de nuevo, mientras la economía mundial se recupera de la crisis financiera. El índice de precios de los alimentos de la Oficina de Investigación de Productos Básicos –incluyendo maíz, trigo, carne y azúcar— se duplicó entre el 2002 y el 2008, cayó un 25% durante la crisis, y ha aumentado desde la recuperación mundial a un nivel más altoen relación con el pico anterior.
El aumento del precio de los alimentos afecta principalmente a los más pobres debido a que familias de menos recursos gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentación. Por ejemplo, la proporción del ingreso que se gasta en alimentos en India está por encima del 40%. Los chinos gastan un poco menos del 40% de su ingreso en alimentos, lo cual sigue siendo alto. Estados Unidos gasta menos del 15%. Si las familias gastan el 40% de sus ingresos en alimentos y se produjera un aumento del 30% en sus precios, sus ingresos tendrían que aumentar en 12% para que puedan mantener el mismo nivel de consumo. En contraste, una familia que gasta el 15% de sus ingresos en comida, necesitaría solamente un aumento en sus ingresos del 4.5% para mantener su nivel de consumo.
Esta simple operación aritmética explica por qué el acelerado aumento del precio de los alimentos y otros productos básicos a menudo causa gran angustia entre las familias pobres del África, Asia y otros lugares del mundo. Esta angustia ha derivado en disturbios y revueltas en muchos países. Se producen protestas de parte de los pobres por el aumento del costo de la vida. Los gobiernos responden a estas manifestaciones en distintas formas que implican usualmente disminuir el costo de los alimentos a los consumidores, pero a expensas de inducir a los productores y a los consumidores a tener una conducta ineficiente, y usualmente incluso a expensas de los pobres.
Por ejemplo, durante el actual incremento de los precios de los alimentos, varios países exportadores, como Rusia y Ucrania, han prohibido o restringido la posibilidad de que los granjeros exporten sus productos. Ello disminuye el precio de la comida a los consumidores urbanos en esos países, y, en efecto, ayuda a los “pobres urbanos”. Sin embargo, estas restricciones reducen la ganancia recibida por los granjeros pobres. También reduce los incentivos para aumentar la producción de alimentos, lo que hace que la situación empeore. Al mismo tiempo, aumenta el precio de los alimentos para las familias en países importadores, afectando a los sectores necesitados de esos países. Los granjeros en países en desarrollo son generalmente mucho más pobres que las personas que viven en ciudades u otras comunidades urbanas. A los pobres se les complica aún más su situación cuando su país restringe la exportación de alimentos.
A diferencia de países ricos como Estados Unidos, los habitantes de las poblaciones urbanas en países en desarrollo como China e India usualmente tienen más influencia política que las familias de las zonas rurales. Por ejemplo, durante la gran hambruna en China –entre 1958 y 1961-, las áreas rurales llevaron la peor parte debido a que los granjeros eran forzados a suministrar su reducida producción alimentos a las ciudades. Este gran poder político de la población urbana también explica las restricciones, en países en desarrollo, a las exportaciones de alimentos, a pesar de que se desalienta la producción, se reduce el ingreso nacional de estos países, y se tiende a reducir el ingreso real de sus habitantes pobres.
Para contener el aumento de los precios de la comida al por menor, muchos países, incluyendo a China, regulan los precios de los productos que consumen principalmente familias de bajos recursos. Esto ayuda a las familias pobres que tengan suerte suficiente y puedan comprar la cantidad de comida que deseen; pero el control de precios es probable que perjudique a la gran mayoría de las familias de bajos ingresos económicos. La razón es que el control sobre los precios reduce los incentivos de los granjeros para sembrar y producir más comida, ya que no pueden beneficiarse como lo harían con precios más altos. Bajar el precio de los alimentos artificialmente, no sólo desalienta la producción, sino que aumenta la demanda. El resultado de una excesiva demanda de comida deriva en racionamiento de alimentos. Las familias más ricas tienden a beneficiarse en estos episodios de racionamiento, en comparación con las familias pobres, porque pueden ofrecer un pago “por debajo de la mesa”, o inducir de alguna otra forma a los minoristas para que les den una cantidad desproporcionada de la comida disponible.
Otra política común en las naciones en desarrollo es subsidiar los alimentos, como por ejemplo, el arroz y el pan, por ser componentes importantes en la dieta de una familia pobre. Si se implementa correctamente, esta perspectiva beneficia a las familias pobres porque apunta a bajar los precios de los productos que consumen más. Una debilidad de este tipo de programa es que subsidia a familias ricas y de clase media quienes también compran estos productos básicos. Además, los subsidios desestimulan cualquier esfuerzo de los consumidores por desplazar el consumo del arroz y el pan, cuyos precios se mantienen bajos artificialmente por los subsidios, hacia otros alimentos cuyos precios no se hay incrementado tanto.
La transferencia directa de ingreso es probablemente la mejor manera de reducir el sufrimiento de las familias pobres consecuencia del aumento de los precios de la comida. Si las familias de un determinado “nivel crítico” de pobreza recibieran un ingreso suplementario, entonces este “nivel crítico” debería ser indexado al costo de vida de las familias pobres. Especialmente en las naciones más pobres, esto significa indexar la definición de pobreza en función del precio de los alimentos. Subsidiar el ingreso ofrece la ventaja de permitir que el precio de la comida y otros productos sean determinados por la oferta y la demanda. Como resultado, se incentiva a los granjeros a cultivar más alimentos cuando los precios suben. También alienta a los consumidores pobres, y de otra clase, a reasignar sus gastos alejándose de los productos alimenticios cuyos precios suben más, hacia otros alimentos y bienes de consumo.
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