Según explicó Enrique Márquez, «los jueces y fiscales deben ser seleccionados de acuerdo a lo que dice la Constitución, mediante concurso público y que su formación académica quede demostrada. Vemos cómo cerca del noventa por ciento de los jueces son colocados en el Poder Judicial a dedo y, por tanto, no se respeta lo que dice nuestra Carta Magna».
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22-07-2011 (03:07 pm) José Antonio Navarro
«La corrupción nunca ha salido de la administración de justicia», con esta afirmación tan contundente e irrevocable se expresó al Diario QUÉ PASA el diputado zuliano en la Asamblea Nacional, Enrique Márquez al ser preguntado sobre el estado del sistema judicial venezolano, dijo que «es más fácil encontrar un juez y un fiscal más próximos a la política y al dinero que a la ética, a la moral y a la Constitución». Asimismo, indicó que los ciudadanos «hemos denunciado desde hace décadas esa situación», pero sin embargo, ni las diferentes presidencias de la República, ni los cambios de Gobierno o de los propios legisladores ha logrado extraer de las entrañas de la judicatura esa execrable descomposición de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, que además combate la propia Constitución.
Enrique Márquez, ingeniero y miembro de la comisión de administración y servicios de la Asamblea Nacional de Venezuela, subrayó que «esta corrupción en el sistema judicial tiene mucho que ver con la no aplicación del marco jurídico asociado a la administración de justicia. Puedo afirmar que no hay justicia dentro del sistema judicial, como tampoco hay justicia ni meritocracia dentro de ese mismo sistema judicial venezolano».
El diputado zuliano también se refirió a una pregunta latente que expertos, abogados y responsables de las instituciones públicas encargadas de que no se vulneren ni violen los Derechos Humanos en ninguno de los ámbitos del sistema judicial —no sólo el de los jueces, sino también el de los fiscales del Ministerio Público y de los diferentes organismos policiales—, al igual que la inmensa mayoría de los ciudadanos: ¿Por qué se corrompen los jueces? En este sentido, fue categórico e inapelable, «la corrupción nunca ha salido de la administración de justicia».
El parlamentario de la Asamblea Nacional desconoce si es posible o accesible comprar a un juez o fiscal, «no sé qué tan fácil es. Ahora, de lo que sí estoy seguro es que es más fácil encontrar a un juez y a un fiscal más próximos a la política y al dinero que a la ética, a la moral y a la Constitución».
Una falta lleva a la otra
Enrique Márquez destaca que esa situación se genera porque «jueces y fiscales puede ser cualquiera. No basta con tener la licenciatura de Derecho, tiene que haber ejercicio de esa profesión, ética y moral. Debe garantizarse que una falta que cometan sea adecuadamente perseguida y sancionada. Si una falta no es castigada, se convierte en escenario para cometer la segunda».
Según explicó en esta entrevista, «los jueces y fiscales deben ser seleccionados de acuerdo a lo que dice la Constitución, mediante concurso público y que su formación académica quede demostrada. Vemos cómo cerca del noventa por ciento de los jueces son colocados en el Poder Judicial a dedo y, por tanto, no se respeta lo que dice nuestra Carta Magna».
Esta opinión es compartida por los expertos que recientemente se han manifestado en este sentido, como el ex juez Marcos Barrera o el profesor y abogado Simón Arrieta, quienes incluso compartían que muchos de los actuales jueces y fiscales ocupan sus despachos bien por «sus relaciones de afectividad con los integrantes del Consejo Moral Republicano» o bien porque disponían de un carnet de partido que acreditaba su «disposición política» al poder para acceder a esos cargos.
En este sentido, destacó que por incumplirse los principios constitucionales en materia de elección y selección de jueces y fiscales del Ministerio Público, se produce también «un proceso de corrupción, que se traduce en que para los jueces designados cuenta más la lealtad hacia quien lo designó, que hacia la Constitución y las leyes»
Falta de formación académica y jurídica
Paralelamente, el diputado se refirió a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que su ponente, Francisco Antonio Carrasquero, reprendía a los fiscales José Luis Rincón y Ana Cecilia Lugo Gil, quienes se desempeñan como fiscal principal noveno y fiscal auxiliar noveno del Ministerio Público en la circunscripción judicial del Zulia, respectivamente, por haber cometido treinta faltas de ortografía y gramaticales en el escrito contentivo de una demanda de amparo, indicó que, «en términos generales», los jueces y fiscales carecen de una formación académica y jurídica adecuada y añadió que «esto lo afirmo porque no se cumple con lo establecido en el marco legal. Se supone que en un concurso oposición se debe verificar no sólo la solvencia ética y moral de un juez o fiscal, sino también su preparación, y eso no ocurre. Por eso se producen esos casos».
En este sentido, explicó que «es brusco decir que no es una situación nueva y que cuando el presidente Chávez llegó al poder en 1998 «muchos esperábamos que pudiera acabar con la impunidad en el país. Sin embargo, luego de doce años aún se dan ese tipo de casos y con el llamado proceso, el Poder Judicial sigue igual que como la recibió».
Enrique Márquez también fue rotundo y concluyente al afirmar que «los jueces y fiscales del Ministerio Público son impunes absolutamente. Nos gustaría ver castigados a los fiscales que no cumplen con sus obligaciones y a los jueces que violan la Ley. Ahí está el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. El juicio deja mucho que desear, puesto que se tiene para dos años y no se asoma la conclusión del mismo. Un juicio tan largo es inhumano e inconstitucional».
Respecto a por qué los responsables de la administración de justicia no suelen actuar contra jueces y fiscales que incumplen la Ley, vulneran los derechos elementales de los ciudadanos o están inmersos en procesos de corrupción, el diputado zuliano indicó que esa situación se produce porque «se evitan escándalos. La persecución de la corrupción refuerza el compromiso político y la independencia de poderes. Cuando los poderes del Estado se encuentran controlados por una sola mano entonces el control constitucional y el cumplimiento de las leyes se hace más difícil y entramos en un estado de impunidad».
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