La MUD espera que venezolanos en el exterior puedan inscribirse para votar octubre 19, 2011 8:15 am

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La oposición venezolana traspasó las fronteras del país en su búsqueda de votos para vencer al presidente Hugo Chávez en las elecciones de octubre de 2012 y, con apoyo ciudadano, promueve iniciativas para que miles de nacionales residentes en el extranjero se inscriban para votar.

“Aspiramos alcanzar por lo menos entre 200.000 y 300.000 nuevos inscritos en el exterior para las elecciones presidenciales de 2012, que se sumen a los 61.000 ya registrados”, dijo a la AFP Ramón José Medina, coordinador de enlace internacional de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“No sólo para la MUD, sino para el país es una prioridad la inscripción de esos venezolanos en el registro electoral, porque no se puede desconocer ese hecho importante y que hasta hace unos años no era común en Venezuela, que es la emigración y los derechos de los emigrantes”, continuó Medina.

Basándose en censos de otros países y en estudios académicos, la oposición estima que entre uno y 1,2 millones de venezolanos viven en el exterior, de los cuales entre 450.000 y 600.000 estarían en edad de sufragar.

“La mayoría de los países de América Latina incentivan el voto de sus ciudadanos en el extranjero y Venezuela, en cambio, lo evita. Los funcionarios consulares ponen trabas con un sesgo político-ideológico”, apuntó por su parte el diputado al Parlatino José Sánchez, del partido opositor Primero Justicia.

“Los venezolanos se quieren inscribir en el exterior porque quieren votar para que las cosas cambien en el país y puedan regresar”, aseguró Sánchez, quien estimó que aunque los votantes en el extranjero se multipliquen, la proporción opositora de esos votos se mantendría entre 70% y 80%.

Los residentes en el exterior podrán participar tanto en las elecciones primarias de febrero –en las que se eligirá a un candidato opositor único que competirá contra Chávez– como en las presidenciales del 7 de octubre de 2012, en las que el mandatario postulará para un tercer periodo de seis años.

Por ello, la MUD ha integrado equipos para promover la inscripción electoral de los expatriados y su participación en la política nacional. Con este fin, se constituyó Venex, una plataforma que conjuga la labor de ciudadanos y políticos para crear campañas que promuevan el voto y otros derechos de los venezolanos en el exterior.

Las iniciativas de los grupos reunidos en Venex van desde protestas en Twitter, que denuncian dificultades para inscribirse en el registro electoral en los consulados, y campañas en Facebook con originales videos que llaman a votar desde “donde sea”; hasta peticiones de los partidos políticos a las autoridades para pedir jornadas especiales de inscripción electoral fuera del país.

Además, se han fundado sedes de la MUD en países como Estados Unidos y Chile para proyectar la labor de la oposición.

“La organización surge por iniciativa de un grupo de ciudadanos preocupados por el aumento del éxodo venezolano y los problemas que éstos enfrentan para gozar de sus derechos ciudadanos”, explicó a la AFP el internacionalista Tony De Viveiros, vocero de VenMundo, una de las organizaciones reunidas en Venex.

En las elecciones presidenciales de 2006, que Chávez ganó con 62,8% de los votos, sólo participaron unos 34.000 venezolanos residentes en el exterior de los poco más de 57.000 que entonces estaban registrados para votar. La meta de la oposición es al menos cuadruplicar la cifra de inscritos, en menos de un año.

“Actualmente casi no hay ni una familia venezolana que no tenga algún integrante en el exterior. Y el hecho de que existan entre 450.000 y 600.000 personas que no están inscritas y tienen derecho a votar, explica incluso parte del fenómeno de abstención en Venezuela”, apuntó Sánchez.

Medina explicó por su lado que las trabas con las que se encuentran los venezolanos que quieren votar desde otros países responden a que “el gobierno le tiene mucho temor a la votación en el exterior porque, evidentemente, consideran que es un voto mayoritariamente opositor”.

Afp

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Para unos sí, a otros no

Gobierno prioriza y discrimina con Bono 2026. La política de MinFinanzas dejó claro nuevamente que los papeles no son para fuga de capitales. Banca pública y sector asegurador estatal fueron los más beneficiados con adjudicación de los Bonos 2026. Personas naturales y empresas de categoría 2 sólo recibieron $ 1.500 en la emisión

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ENDER MARCANO

Las esperanzas tanto de empresarios como personas naturales de recibir divisas, de manera lícita y barata, con las emisiones del Estado se esfumaron nuevamente. Ayer el anuncio de los resultados de la emisión de los bonos 2026 dejó clara la intención del Gobierno de privilegiar sólo los sectores de alimentos y salud, categoría 1, por medio de las adjudicaciones de papeles públicos.

Mientras que el ciudadano común y las empresas de la denominada categoría 2 quedan relegados a la lotería del Sitme. Aunque el monto mínimo para cada orden de compra era de 3.000 dólares, el Ministerio de Planificación y Finanzas informó que para las personas naturales y las empresas de la categoría 2, es decir que no pertenezcan a salud y alimentos, se adjudicó el 50% de la orden (1.500 dólares), en el caso de aquella que solicitaron 3.000 dólares. Los que se aventuraron a solicitar más de dicho monto quedaron sin nada.

En el caso de las empresas de la categoría 1, los pedidos entre 3.000 dólares y 1.470.000 dólares se otorgaron en su totalidad. Las órdenes por encima de esta cantidad no fueron beneficiadas. Por su parte, las entidades financieras del sector público fueron adjudicadas con el 100% de su solicitud; y las entidades del sector asegurador estatal el 81,5% de su postura.

Estos criterios de adjudicación son muy similares a los ocurridos en la anterior emisión de la República, con la diferencia de que se otorgaron menos papeles para las personas naturales y empresas de la categoría 2. En todo caso, el beneficiado con las adjudicaciones es nuevamente el propio Estado, pues sus instituciones financieras recibieron el 100% de su solicitud.

Según comentó el director de la firma Econométrica, Henkel García, el objetivo que se busca con esta emisión es alimentar el Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) con los papeles adjudicados al sistema financiero público. "El Sitme necesita alimentarse constantemente. Eso no implica que vaya a haber un aumento en las autorizaciones por parte de este sistema", comentó el analista financiero.

Con la emisión pasada, de principios de agosto, se pensó que el monto diario transado a través del Sitme aumentaría significativamente. Sin embargo, antes de dicha fecha el promedio anual autorizado era de 34 millones de dólares diarios, y después ha subido a 36 millones de dólares.

MAYOR CONTROL

García explicó que una de las ventajas que tiene el Gobierno destinando sus papeles al Sitme es que evita la fuga de capitales, pues las empresas que reciben papeles en el sistema deben comprometerse con el BCV a emplear los mismos para importaciones. Mientras que el caso de las emisiones, al momento de canjear los títulos por divisas las compañías son libres de utilizarlo como deseen.

La restricción de divisas lleva al Estado a restringir su oferta a las empresas que no considera prioritarias, y las limita al Sitme donde pueden ser beneficiadas un mes, como puede que no lo sean.

La entrega de 1.500 dólares a una empresa es insignificante. "Un cliente me dijo que esos 1.500 dólares ni siquiera le alcanzan para el precinto del container", contó García.

ESCASEZ DE TERMÓMETRO

El indicador de escasez de bienes elaborado por el BCV se encuentra hoy en 14%, cifra más alta desde comienzos del 2010, pero muy lejos del 24,7% alcanzado en diciembre del 2007 cuando el Gobierno salió derrotado en las elecciones para la reforma constitucional.

El director de Econométrica estima que este es un factor que el oficialismo evalúa constantemente para determinar la adjudicación de divisas. Es decir, en cuanto el índice se mantenga a raya podría seguir manteniendo este esquema en la asignación de divisas. "Al Gobierno le importa que lo prioritario esté en los anaqueles", dijo García vía telefónica. No obstante, sostiene que la poca disponibilidad de dólares y el alza en la escasez llevará pronto a preguntarse si es preferible "un dólar barato pero escaso, o uno alto pero oportuno".

Por otra parte, el economista Jesús Casique indicó que no tiene sentido realizar emisiones bajo este esquema en las que sólo se beneficia a un sector. "Es preferible que se hagan adjudicaciones directas, y así no se discrimina de esta forma a las personas naturales", comentó el también profesor universitario.

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Los gobernadores antichavistas denunciaron discriminación

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11-10-11 | POLÍTICA

Siete jefes regionales de Venezuela reclaman el pago de una deuda de 5.466 millones de bolívares (1,3 millones de dólares) de la Ley de Asignaciones Especiales

Los gobernadores antichavistas Liborio Guarulla, de Amazonas; Henrique Fernando Salas Römer, de Carabobo; Henry Falcón, de Lara; Henrique Capriles Radonski, de Miranda; Morel Rodríguez, de Nueva Esparta; César Pérez Vivas, de Táchira y Pablo Pérez, de Zulia reclamaron en el Consejo Federal de Gobierno el pago de la millonaria deuda correspondientes a la Ley de Asignaciones Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos.

Aseguran que la discriminación en la coparticipación de los recursos se debe a su postura abiertamente crítica de la gestión chavista, y por esa razón utiliza los recursos venezolanos a discreción "sin cumplir con la ley".

Los opositores argumentan que el Gobierno de Hugo Chávez les coparticipó mucho menos del 25% de lo recaudado en esas áreas, como lo estipula la ley. "La diferencia en los montos, además de resultar obvia, es significativa, ya que la cantidad que los sujeto que se aplique correctamente, la forma de cálculo establecida en el artículo 2 de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos", afirman en un comunicado.

El vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, aseguró que es falso decir que se le está quitando recursos a las regiones: "Estamos destinando recursos a los proyectos aprobados por la Asamblea Nacional, planificaciones establecidas como la Gran Misión Vivienda, a pesar de las profundas diferencias ideológicas que tenemos con los gobernadores de la oposición, lo que forma parte de una democracia". Vea el video:



Jaua detalló que los destinos del Fondo de Desarrollo Nacional "son los recursos que van a las regiones, pero en el marco de una proyecto nacional de desarrollo". Además afirmó que "más allá de las posturas radicales que tenemos (oposición - oficialismo) somos parte de una democracia vigorosa. Reconocemos y respetamos a las autoridades de oposición que ocupan espacios de gobierno y cumplimos legalmente con esas entidades político territoriales como manda nuestra constitución".

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"Excluirán a gobiernos locales de oposición de recursos asignados a espacios fronterizos"

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Regional - Dom 11/09/2011

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, advierte que la politización de la norma llevará a la destrucción de las fronteras cuyos gobernantes son opositores al poder central.

( Leidy Zafra )

"La aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras, tal y como está plasmada en su proyecto, será utilizada con los fines de alimentar la burocracia y el proyecto de campaña electoral del oficialismo, con miras a las elecciones presidenciales, porque el poder central tendrá la facultad de determinar los espacios fronterizos que recibirán las asignaciones económicas especiales. No cabe la menor duda que esos espacios serán discriminados en función del mapa electoral que existe actualmente; es decir, municipio o estado fronterizo gobernado por la oposición será excluido de estos espacios", sostiene la presidenta de la Organización No Gubernamental "Control Ciudadano", Rocío San Miguel.

Considera San Miguel que "por intereses ocultos que tratan de producir vacíos de poder en las fronteras, llevamos diez años de omisión legislativa respecto al lapso de dos años que establecía la disposición transitoria sexta para promulgar la Ley, en cuyo proyecto, aprobado por la Asamblea Nacional en segunda discusión, el poder central está confiscando los recursos de las asignaciones económicas especiales -previstas en el artículo 15 de la Constitución Nacional para las regiones fronterizas del país-, bajo la figura de una Corporación de Asuntos Fronterizos, artículos 7 y 8, una estructura con sede en Caracas, en donde estarán representados todos los ministerios decidiendo de qué manera se asignarán los recursos, y en definitiva no enviará dinero a las alcaldías y gobernaciones que no sean afectas a su ideología política".

Asegura que quedará a discreción del Ejecutivo Nacional determinar el espacio noroccidental de Venezuela; es decir, la mitad del estado Zulia, si allí hay un gobernador de oposición, y la totalidad de Falcón porque allí si hay un gobernador a fin al sector oficial.

A su juicio, esto se ejecuta así para "justificar" la ausencia de una política de fronteras a lo largo de doce años de gobierno. De los 58 artículos de la norma, han sido aprobados "de espalda a los habitantes fronterizos 34; y, tememos que al reiniciar las sesiones ordinarias del Parlamento, el 15 de septiembre, se de la segunda discusión y al día siguiente en un madrugonazo se apruebe este instrumento que es centralista, ya que monopoliza los recursos de las asignaciones económicas especiales a discrecionalidad de setenta funcionarios que desconocen la realidad de estas zonas".

Según dice la defensora de los Derechos Humanos, el artículo 32 señala cuál será el presupuesto de la base de esas asignaciones económicas especiales, que no es más que 0,75% del presupuesto nacional ordinario, "con sus concebidas trampas, porque se funda sobre un barril de petróleo a 50 dólares, lo que representa un insulto para las diez fronteras del país, que representa las tres cuartas partes del territorio nacional", tomando en cuenta la dimensión que abarcan los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y Carabobo, que limita con Aruba, Bonaire y Curazao.

Explica la representante de Control Ciudadano que "el gobierno pretenden unificar los recursos destinados sin conocer la realidad distinta de cada región. Ese 0,75% debe aumentar también con base en los ingresos del presupuesto extraordinario de la Nación, que se produce luego del ingreso petrolero al término del ejercicio fiscal. Esa sería la única manera justa de hablar de este porcentaje para las regiones fronterizas".

De paso, sostiene, se pretende unificar el criterio de lo fronterizo sin tomar en cuenta las características y necesidades de cada región, que son muy distintas.

Por ello, considera Rocío San Miguel, la única manera de despolitizar el problema de fronteras en Venezuela es que esta ley otorgue asignaciones económicas especiales, sin discriminación de ninguna naturaleza, y a los municipios colindantes de Venezuela que suman 79. Y, dejar un margen de recursos que pueden otorgarse a otros municipios dentro de esos estados fronterizos donde haya un impacto directo".

"Táchira: frontera más resguardada pero la más insegura"

Por otra parte, comenta la especialista el política y derecho internacional que la membrana que protege al país es su límite internacional, y partiendo de que los cinco tráficos que producen más dinero en Venezuela son drogas, armas, minerales, alimentos y combustible, al mantener desguarecidas estas fronteras, ¿quienes se lucran de estas circunstancias? particularmente me pregunto: ¿si hay 88 unidades de la Guardia Nacional en el estado Táchira, que van desde el Core 1, Gaes, 4 destacamentos, 10 compañías, 38 pelotones, 28 escuadras, una sección de apoyo aéreo que es un lujo; un laboratorio antidrogas y cuatro unidades administrativas, para un total de 88 unidades de este cuerpo de seguridad, al multiplicar por lo menos 5 individuos por cada puesto, tenemos un ejército operando y jurisdiccionando aquí; entonces, qué es lo que está pasando con la seguridad?

-- Preocupa que todo Táchira es zona de seguridad fronteriza, pero adicionalmente es el estado que cuenta con el mayor número de zonas de seguridad derivadas de instalaciones militares; son 31 de un total de 113 en todo el país, que son de utilidad pública, de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, esto quiere decir que esta región está en manos del ejecutivo Nacional --, explica.

Indica San Miguel que "San Antonio del Táchira, por ejemplo, una ciudad sitiada, sometida a un bloqueo de ciudadanos que priorísticamente son vistos como sospechosos de cualquier tráfico que allí se produzca. Pareciera que hay una connivencia entre los órganos encargados de brindar seguridad y lo que ocurre alrededor de los ilícitos que se producen en la frontera".

Excesivas funciones asignadas a la Guardia Nacional

Argumenta la analista que Venezuela no tiene una policía migratoria, fiscal, aduanera ni sanitaria, y todas esas funciones las viene ejerciendo la GN sin resultados ni rendición de cuentas al país. "Se les han atribuido unas 25 funciones jurisdiccionales que no les son propias y este Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras pretende darles una más, el control de las casas de cambio fronterizas".

-- Es obvio que hay una ejercicio deliberado de asignación de competencias a la GN, vinculados a un tráfico de recursos enorme que carece de controles y auditabilidad de ningún organismo distinto al Ejecutivo Nacional. ¿A quién le rinde cuentas? a su comandante en jefe, porque no se producido en estos doce años ni una sola interpelación a los nueve comandantes de este componente armado en la AN.

Tampoco, asegura, se ha abierto una investigación de las miles de denuncias que ocurren alrededor del manejo de esas funciones policiales. Incluso, "el Seniat tiene prácticamente sin normas a la frontera. Los reglamentos que estarían llamados a regular la frontera no se han desarrollado y eso se traduce en que queda al libre arbitrio del funcionario del Seniat dirimir las circunstancias de determinada mercancía y eso genera corrupción", dice.

-- Entonces, tenemos una ciudad sitiada por el Estado y sus instituciones, la mayoría de ellas corruptas; y por el otro los cuerpos irregulares al margen de la ley actuando en contra de los ciudadanos. En medio de todo se encuentran los ciudadanos fronterizos, lidiando diariamente con la autoridad "legal", y también para sobrevivir ante la amenaza de la ilegalidad --, afirma.

Sin embargo, afirma San Miguel que con esta normativa que irá a segunda discusión en la Asamblea, el pueblo tiene una oportunidad histórica de conseguir por lo menos algunas ideas y soluciones que pueden ser incluidas en este proyecto de Ley. Primero, "se debe evitar que esta Corporación de Asuntos Fronterizos se cree en la Capital, conformada por setenta funcionarios que decidirán qué proyectos irán para las fronteras".

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