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23-Oct
Edgar López
Rafael Chavero, Marcelino Bisbal, Miguel Ángel Latouche y Andrés Linares Benzo coinciden en que se pretende silenciar a los medios de comunicación críticos en la coyuntura preelectoral del país
Globovisión bajo la lupa | Raul Romero
"Contra Globovisión el Gobierno ha utilizado diversos y numerosos mecanismos de censura", afirma el abogado Rafael Chavero. En verdad, la lista es larga: ataques físicos y verbales a sus propietarios y periodistas, atentados contra las instalaciones, persecución judicial, procedimientos administrativos tendientes al cierre del canal y a la revocatoria de su concesión para usar el espacio radioeléctrico, presencia accionaria estatal en la empresa, allanamientos y confiscaciones a compañías relacionadas, discriminación en la asignación de publicidad oficial y sanciones tributarias.
El martes Conatel impuso una multa de 9,3 millones de bolívares por la presunta violación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mediante la cobertura periodística de los sucesos violentos ocurridos en las cárceles de El Rodeo, del 16 al 19 de junio. No parece simple casualidad que, precisamente, contra Globovisión se hayan estrenado las sanciones establecidas en la reforma a la ley, que entró en vigencia el 7 de febrero de este año.
El artículo 27 de la ley reformada prohíbe la difusión de mensajes que inciten o promuevan el odio, la intolerancia y el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, así como los que hagan apología del delito. Todo eso le imputaron a Globovisión para aplicarle una multa de 10% de los ingresos brutos obtenidos en 2010.
En un comunicado emitido ayer, Globovisión insistió en señalar que la multa es impagable y anunció que solicitará su suspensión. El miércoles, el consultor jurídico Ricardo Antela había informado que pagarían antes del 31 de diciembre.
Chavero, al igual que el director de posgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Marcelino Bisbal; el director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Angel Latouche; y el abogado especialista en legislación de las telecomunicaciones Andrés Linares Benzo coinciden en señalar que la multa a Globovisión tiene una motivación esencialmente política y vinculada a la coyuntura preelectoral del país: silenciar las críticas a la gestión gubernamental.
El alicate. Pedro Maldonado, director de Conatel, argumentó que la sanción obedecía al tratamiento editorial de los sucesos de El Rodeo por parte de Globovisión. Repudió que se hubieran utilizado y reiterado los testimonios "más sentidos", "más desesperados".
Marcelino Bisbal pregunta: ¿Es que acaso Maldonado desconoce a tal extremo la función periodística para no darse cuenta del valor noticioso de un testimonio sentido o desesperado? "Yo creo que todo obedece a una estrategia política en la víspera de un proceso electoral. El Gobierno está lanzando un mensaje, como quien dice: `Cuidado, si hemos hecho esto con Globovisión, lo podemos hacer con cualquiera’. El propósito es generar autocensura".
Bisbal explica que en El Rodeo no fueron los periodistas los que causaron alarma, sino la noticia que estaba ocurriendo en las cárceles mirandinas.
Miguel Ángel Latouche agrega: "Es como si castigara la transmisión reiterada de las imágenes sobre el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York". En su opinión, el Gobierno pretende imponer a los periodistas de los medios privados el modo de hacer el trabajo en los canales oficiales, a propósito de la obvia evaluación de la gestión gubernamental que implica la proximidad de las elecciones presidenciales.
Latouche considera inaceptable que el Gobierno presente a Venezolana de Televisión como paradigma de buen periodismo, "a pesar de que en el canal del Estado se transmiten mensajes de intolerancia y odio", recordó.
Conatel no aplica la Ley Resorte con imparcialidad, concluyen Bisbal y Latoche, mientras que Andrés Linares Benzo recuerda que el Directorio de Responsabilidad Social está integrado por 11 personas, 8 de las cuales son funcionarios dependientes del Gobierno. "Esa es una falla de origen insalvable", expresó Linares Benzo, que también considera que la sanción a Globovisión tiene un trasfondo político electoral.
Rafael Chavero resume la tesis: "El Gobierno va a utilizar todos sus alicates -símil utilizado por el Presidente- para evitar denuncias comprometedoras. Por su estado de salud, Chávez va a hacer buena parte de su campaña a través de los medios. Son previsibles centenares de cadenas presidenciales, mucha publicidad para los medios oficiales y mucha presión para los privados".
"La desinformación es lo que alarma"
A Sandra Guerrero, la más experimentada reportera de sucesos de Venezuela, le correspondió tranquilizar y ayudar a una mujer procedente de Caucagua que buscaba a su sobrino desesperadamente en la morgue de Bello Monte, en medio del caos que imperaba en las cárceles de El Rodeo.
"Muchas madres nos decían que se enteraron de lo que estaba pasando por los medios privados. Una contó que nunca había utilizado Internet, pero tuvo que aprender a hacerlo para proseguir la búsqueda de su familiar.
El Gobierno nunca publicó una lista de muertos y heridos, y demoró en precisar los trasladados a otros penales.
La violencia en las cárceles es alarmante, pero no por culpa de los periodistas, sino por la desidia del Estado. La desinformación es lo que alarma y eso fue lo que ocurrió en El Rodeo", concluye Guerrero.
Carlos Nieto, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, razona que el Estado no informa sobre lo que ocurre en las prisiones, por lo cual los mismos reclusos y sus familiares se convierten en fuente de información.
"Es insultante señalar, como lo ha hecho Conatel, que las mujeres que se agolparon en El Rodeo eran presuntos familiares de los presos. Nadie se expone, por gusto, a tragar bombas lacrimógenas".
Nieto asegura que la desinformación persiste como regla: "Del secuestro en Tocuyito y de los más recientes muertos en La Planta nos enteramos por los presos y sus familiares". Asegura que muchos episodios de violencia carcelaria nunca trascienden a la opinión pública.
"Pensemos en los llamados fritos, en los presos que no tienen o no cuentan con su familia. Muchos mueren y nadie los llora".
¿Cómo medir la zozobra?
El penalista Alberto Arteaga Sánchez explica que las infracciones imputadas a Globovisión también son delitos penales: "Pareciera que ahora el Gobierno utiliza los procedimientos administrativos porque son mucho más expeditos y contundentes que los penales.
Una multa impuesta por Conatel debe pagarse en corto plazo, a menos que un juez diga lo contrario; lo cual es poco probable".
El fondo de la controversia en el caso de El Rodeo es el impacto de las noticias derivadas de la violencia carcelaria. "Es imposible que lo que ocurre en nuestras cárceles no cause conmoción", afirma Arteaga.
El problema, en su opinión, es que se han creado faltas y delitos asociados al llamado terrorismo mediático, sin el rigor imprescindible para evitar la aplicación arbitraria de las normas. "Por ejemplo, pregunta Arteagacómo Conatel o un juez pueden medir la zozobra? ¿Cómo proscribir las noticias sobre la crisis penitenciaria sin incurrir en censura?".
http://www.el-nacional.com/noticia/6342/16/La-multa-a-Globovisi%C3%B3n-marca-el-inicio-de-campa%C3%B1a-de-Ch%C3%A1vez.html
